Resumen:
En el Ecuador, cuya población asciende a 12´500.000 habitantes, la atención inicial a la persona con discapacidad fue bajo criterios de caridad y beneficencia, para luego irse tecnificando progresivamente a partir de los años 50, a través de las asociaciones de padres de familia, personas con discapacidad e instituciones privadas. Se deberá realizar el trámite respectivo a través de la Bolsa de Valores para que pueda negociar sus títulos valores, lo cual constituye una excelente ventaja. Entre los principales títulos que se negocian en el mercado de valores tenemos las obligaciones que son títulos de deuda que emite con la finalidad de captar recursos del público sin la participación de intermediarios financieros, para financiar sus actividades productivas.
Sin embargo, hechos trascendentales en este período son el diseño y publicación del Primer Plan Nacional de Discapacidades (Marzo, 1991), la expedición de la Ley 180 sobre Discapacidades (Agosto, 1992) y la creación del Consejo Nacional de Discapacidades, (CONADIS), que surgieron del trabajo de un equipo interinstitucional de profesionales, delegados de los ministerios de Salud, Educación, Bienestar Social, Trabajo, Instituto Nacional del Niño y la Familia, (INNFA) y Consejo Nacional de Planificación del Estado, (CONADE), que conformaron la Comisión Interinstitucional de Análisis de la Situación de las Discapacidades en el Ecuador, (CIASDE) en Junio de 1989.Existen fundaciones que brindan un servicio a las personas con discapacidad, pero lamentablemente no se ha llegado a todas las personas. Además ellas no tienen conocimiento de los beneficios que les corresponde por ley. Las fundaciones de la actualidad no brindan un costo social en cuanto a las ayudas o implementos que brindan a las personas con discapacidad. Con el gobierno actual se ha logrado llegar hacia las personas con discapacidad, pero la ayuda que se ha brindado no es suficiente, ya que no se realiza un seguimiento para ver cómo sigue el progreso de las personas con discapacidad, si los recursos entregados por parte del gobierno están siendo adecuadamente utilizados y si las personas con discapacidad que se han beneficiado de la entrega utilizan estos implementos para tener una mejor calidad de vida o necesitan algún tipo de arreglo o reparación.
