Resumen:
Para efectivizar las políticas de seguridad de un Estado, en beneficio de los intereses nacionales y de su población, es indispensable la asignación de presupuesto para contar con medios que cumplan esta finalidad, y para su mantenimiento. Esta asignación estará alineada a los objetivos nacionales y en relación con la disponibilidad económica de una nación, para guiar las estrategias de defensa para la protección de la soberanía y la integridad territorial, y enfrentar amenazas convencionales y asimétricas. En el nivel táctico, esa asignación presupuestaria requiere ser constante y oportuna, situación que, en los últimos años, para el caso específico de las unidades de la Escuadra Naval, ha sido muy variable, y con tendencia a reducirse, por lo cual su operatividad disminuyó drásticamente. Analizando las asignaciones presupuestarias de los últimos cinco años, y su relación con la operatividad de las unidades navales, se pretende evidenciar el efecto de destinar escasos recursos para su uso, lo cual provoca su rápido deterioro y la imposibilidad de cumplir las tareas de seguridad y de control de todo el territorio marítimo. La Armada, como la institución que cuenta con la profesionalización, conocimiento y experticia en el ámbito marítimo, debe proponer políticas de Estado, que se plasmen en normas y sean cumplidas al más alto nivel, por lo cual se plantean estrategias para gestionar recursos, que logren un nivel óptimo de operatividad de las unidades navales, y el consecuente control del mar en apoyo a los intereses marítimos, aplicando el concepto de Economía de la Defensa, para contribuir al crecimiento económico del país.
